El ataque del régimen a las plataformas digitales

La reforma laboral para plataformas como Uber, Rappi y DiDi perjudicará a todos —trabajadores, usuarios y empresas—, salvo al gobierno, que quiere cobrar más impuestos y proteger monopolios.

Artista: Jesperish

El repartidor pedalea rápido bajo la lluvia; su mochila térmica es el único escudo contra el frío. En otro punto de la ciudad, un conductor cierra su jornada tras completar su última solicitud. Ambos han encontrado en estas plataformas un medio de vida flexible, uno que no les exige horarios fijos ni jefes al acecho. Pero el panorama está por cambiar.

El gobierno federal, bajo el discurso de garantizar derechos laborales y seguridad social a los repartidores y choferes, ha propuesto una reforma que pretende integrarlos como empleados formales. A primera vista, la idea parece noble: más derechos, más prestaciones, más estabilidad. Sin embargo, detrás de esta fachada hay una estrategia que apunta a otros objetivos menos altruistas: recaudar más impuestos y fortalecer a sectores tradicionales como los sindicatos de taxistas, incapaces de competir con las plataformas.

El falso beneficio de la seguridad social

Uno de los argumentos principales de la reforma es otorgar acceso al sistema de seguridad social. ¿Pero a qué sistema exactamente? Al mismo que no tiene medicinas, que programa cirugías con esperas de más de un año y que ofrece pensiones que no cubren ni la mitad del salario de los asegurados. Esta no es una prestación, es una carga.

Los choferes y repartidores no sólo pagarán más para entrar a un sistema deficiente sino que sus ganancias disminuirán considerablemente porque las plataformas les descontarán impuestos y contribuciones a sus pagos. En el mejor de los casos, trabajarán más y ganarán menos; en el peor, perderán sus ingresos porque las plataformas no podrán competir.

El impacto total: usuarios, trabajadores y empresas

El atractivo de las plataformas como Uber, DiDi o Rappi radica en su capacidad para reducir costos de transacción. Es un modelo donde todos ganan:

• El consumidor obtiene servicios más rápidos y baratos.

• El repartidor o chofer tiene un ingreso con horarios flexibles y sin las restricciones de un empleo tradicional.

• La plataforma opera sin las cargas laborales y fiscales que asfixian a los negocios tradicionales.

Pero en este esquema hay alguien que no gana: el gobierno. Las plataformas no le permiten “cobrar piso” como en otras actividades económicas. Por eso, con esta reforma quiere forzarlas a adoptar las mismas inercias que hunden al resto del sistema económico: altas nóminas, cargas fiscales insostenibles y costos laborales que inflarán directamente los precios del servicio.

¿El resultado? Servicios más caros, menos usuarios y menos oportunidades para choferes y repartidores.

Las empresas, ahorcadas por las regulaciones, tendrán tres opciones:

• Desconectar a miles de trabajadores independientes.

• Subir precios de forma significativa.

• Abandonar el país.

La realidad ignorada por los “desigualdólogos”

Los defensores de esta reforma, con su retórica de justicia social, ignoran una verdad esencial: la mayoría de quienes trabajan en estas plataformas no habrían encontrado empleo en el mercado formal:

• No tienen el perfil para trabajos tradicionales.

• Los costos laborales de contratarlos como empleados los habrían excluido desde el inicio.

Estas plataformas no precarizan el trabajo, sino que ofrecen una salida viable en un país donde el sistema laboral ya estaba roto antes de su llegada. Los repartidores y choferes no son empleados subordinados. Deciden cuándo trabajar, cuánto tiempo dedicar y qué activos aportar: auto, moto, celular.

Un regreso al corporativismo disfrazado